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Núcleo Temático 2: La
Construcción del Estado Liberal
El
desmantelamiento del Antiguo Régimen: los cambios jurídico-políticos y la
reforma agraria liberal. La industrialización y los cambios sociales.
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Tras la muerte de Fernando VII, asumieron la regencia su
esposa Mª Cristina y, posteriormente, el general progresista Espartero.
Durante este período se produjo el paso del absolutismo al sistema liberal.
El proceso estuvo jalonado de tensiones y dificultades como la
guerra carlista entre los partidarios de Isabel y los del hermano de Fernando
VII, el endeudamiento de la Hacienda y el fraude electoral.
Isabel, hija de Fernando VII, heredó la Corona a la edad de
tres años. Su madre actuó como regente hasta 1840, haciendo concesiones ante
los liberales, que eran sus partidarios y firmes opositores al
tradicionalismo absolutista representado por Carlos María Isidro.
El primer gobierno de la regencia fue presidido por Francisco Cea Bermúdez, que
realizó algunas reformas administrativas: una nueva división provincial
llevada a cabo por Javier de Burgos. Algunas de las primeras medidas
reflejaban la voluntad de cambiar las estructuras del Antiguo Régimen, entre
ellas, se disolvió la jurisdicción gremial. El objetivo de los liberales era
limitar el poder de la Iglesia.
En 1834 se proclamó el Estatuto
Real, una carta otorgada que establecía un Parlamento
bicameral, el primero formado por miembros designados por la reina con
carácter vitalicio; y, el segundo, se elegía por sufragio censitario. El
poder legislativo quedaba en manos de la Corona y las Cortes sólo tenían un
carácter consultivo.
Álvarez Méndez “Mendizábal”, inició
reformas importantes: organizó la milicia nacional, creó las Diputaciones
Provinciales, suprimió la Mesta y desamortizó los bienes eclesiásticos. El
objetivo de la desamortización era iniciar una reforma agraria y crear una
capa social de nuevos propietarios que apoyaran la revolución liberal;
mientras, las tierras fueron subastadas públicamente.
Este intento no consiguió los objetivos previstos. La regente,
que creía que las reformas estaban yendo demasiado lejos, sustituyó el
gobierno de Mendizábal por otro más moderado.
La sublevación de un grupo de sargentos que se presentaron en
el Palacio de La Granja,
obligó a la reina a restablecer la Constitución de 1812. Los progresistas
elaboraron la Constitución de
1837, que recuperaba la monarquía constitucional y establecía
la soberanía compartida del rey y las Cortes.
La persistencia de las sublevaciones populares llevó en 1840 a la reina
gobernadora a buscar la solución en un general prestigioso y progresista,
Baldomero Espartero. Era un militar muy popular, pero fue perdiendo apoyos
casi de inmediato: los progresistas criticaron su forma militar de gobernar,
los moderados le negaron su apoyo.
Su política librecambista le hizo ganarse la oposición de la
burguesía industrial catalana. El bombardeo y la dura represión ordenados por
Espartero contra
Barcelona después del levantamiento, aumentaron su descrédito. La
conspiración llevó a un militar moderado, Ramón María de Narváez, al
gobierno.
Ya en 1843,
a los trece años, Isabel II fue proclamada reina. Su reinado estuvo
marcado por agitaciones sociales, escándalos e inestabilidad de los sucesivos
gobiernos. Las tensiones entre moderados y progresistas no pudieron evitar el
afianzamiento del sistema burgués en el país y la consolidación de una nueva
estructura del Estado.
Los cambios que introdujo la revolución liberal provocaron el desmantelamiento de los privilegios e
instrumentos jurídicos del Antiguo Régimen, dando como resultado
la formación de una economía de mercado libre. Los liberales promovieron la reforma
agraria liberal, cuyo objetivo era permitir el libre desarrollo de la
propiedad privada; tenía como principales medidas: la desamortización
eclesiástica y municipal, la abolición del régimen señorial, la
desvinculación, la supresión del diezmo, y la regulación de los derechos de
producción y distribución.
La desamortización es la nacionalización por parte del
Estado Liberal de las propiedades rústicas y urbanas en poder de la Iglesia y
de los ayuntamientos, en pública subasta. En primer lugar, se produjo la de
Mendizábal y, después, tuvo lugar la de Pascual Madoz. Principalmente,
pretendía remediar el déficit de Hacienda, asentar una propiedad individual y
libre, obtener fondos para la guerra carlista y fortalecer las bases sociales
ampliando el número de propietarios; pero, tuvo como consecuencias la
transferencia de esas propiedades a otras manos particulares, aumentó el
número de propietarios agrarios y el déficit hacendístico se redujo.
La desvinculación suponía eliminar las figuras jurídicas,
como el mayorazgo, que impedían la libre disposición de la propiedad y su
confiscación en caso de deudas (no implicaban la expropiación).
La disolución del régimen señorial fue una de las
medidas más conflictivas del Estado Liberal: se suprimieron los señoríos
jurisdiccionales, mientras que los señoríos territoriales pasaron a ser
propiedad privada. El conflicto radicó a la hora de distinguir si el señorío
era de un tipo o de otro.
La revolución industrial en España se inició en fecha
bastante temprana, cerca de 1830. Pero, su avance fue muy lento, debido a la
mala articulación del mercado como consecuencia de las inadecuadas
infraestructuras de transporte. Por otro lado, la inversión de capitales se
destinaba a pequeñas industrias y a pequeños establecimientos de banca, cuyos
créditos no solían ser invertidos en la industria. En cuanto al capital
extranjero, se destinó a la construcción del ferrocarril, en su mayor parte.
Los cambios que experimentó la economía a lo largo del siglo
XIX transformaron profundamente la sociedad del Antiguo Régimen. Encontramos
un porcentaje más elevado de población agraria que de población industrial.
Así, los pequeños propietarios practicaban una agricultura de
autoabastecimiento; los arrendatarios y aparceros contaban con pequeños lotes
de tierra y estaban en peor situación que los pequeños propietarios; por
último, los jornaleros y braceros tenían salarios bajísimos y durísimas
condiciones de trabajo.
Respecto al proletariado industrial, era más escaso y contaba
con poco peso en la economía española, en los inicios del desarrollo
industrial español.
2. El funcionamiento del sistema. Corona, Parlamento
y partidos políticos durante el reinado de Isabel II.
El funcionamiento del sistema político liberal se regía por
una Constitución. Se basaba en la doble representación (Corona y Nación),
añadiendo un tercer actor, el Gobierno elegido por la Corona. La Corona es
determinante frente al Parlamento: la reina concede al jefe de gobierno
disolver el Parlamento y convocar elecciones.
El resultado de las elecciones se determinaba de antemano: el
Jefe de Gobierno, a través del gobernador civil y los alcaldes, seleccionaba
a los electores. Así, se manipulaba la “opinión popular” y se marginaba al
partido progresista.
Los partidos políticos se dividían en:
· - Moderados--
Defendían la soberanía compartida, el mantenimiento del orden público como
principio fundamental prosperar y el sufragio censitario.
· - Progresistas-- Defendían la
soberanía nacional, un sufragio electoral, la milicia nacional y la libertad
de imprenta
· - Partido
Vienen de la escisión de los progresistas (eran el sector Demócrata-- más radical).
Defendían el sufragio universal, las desamortizaciones, la libertad de prensa
y la intervención del Estado en la instrucción pública.
· -
Unión
Dirigida por Leopoldo O’Donnell. Pretendían renovar el Liberal-- sistema político, pero,
fueron bastante moderados en sus acciones.
El general Narváez fue la principal figura política de la
primera década del reinado de Isabel II. Estableció un régimen autoritario
que proporcionó estabilidad. Estamos ante la conocida como Década Moderada (1844-1854).
La Constitución de 1845 recogía ideas
liberales moderadas: suprimió la soberanía nacional, redujo la participación
electoral, limitó la libertad de expresión y reunión. Además, las Cortes sólo
podían ser convocadas por el monarca.
Se iniciaron reformas trascendentales y la reorganización
administrativa del Estado Liberal:
·
La organización territorial del Estado: se dotó a
las provincias de entidad política (gobernador civil), siendo los alcaldes
designados por el rey.
·
La reorganización de la instrucción pública: se
obligó a la Iglesia a dejar el control de la enseñanza, se distinguió entre
escuelas primarias y secundarias.
·
Intentos de independizar la administración de la
política: se fijó el concurso de méritos para acceder a ella.
·
La reforma fiscal: pretendía sanear la maltrecha
Hacienda del Estado, se crean nuevos impuestos y un plan para asegurar su
cobro. Se establecen dos tipos de impuestos: indirectos (gravan el consumo de
algunos artículos) y directos (gravan la renta o el patrimonio).
·
Nuevo Código Penal y creación de la Guardia Civil.
Los moderados se esforzaron en solucionar el desacuerdo con la
Iglesia creado por la desamortización. Las relaciones quedaron restablecidas
en el Concordato de 1851.
Ya con el Bienio
Progresista (1854-1856), la situación económica de crisis en
los últimos años del gobierno moderado alentó el clima de tensión social.
Bravo Murillo gobernó aún con mayor dureza, por lo que la oposición se
radicalizó.
Los progresistas utilizaron nuevamente el pronunciamiento
militar como vía para acceder al poder: Dulce, O’Donnell y Ros Olano en
Vicálvaro (Vicalvarada). Los sublevados publicaron el Manifiesto de
Manzanares, que recogía algunas de las propuestas de los progresistas. Los
levantamientos populares forzaron a la reina a recurrir a Espartero, quien
compartió el poder con O’Donnell.
Entre las primeras medidas de este gobierno destacó la
Constitución de 1837 y el inicio de la redacción de una más progresista, la Constitución de 1856, que no
llegó a entrar en vigencia. Ésta última proclamaba la soberanía nacional y
ampliaba los derechos individuales.
Por otro lado, se aprobó una nueva ley municipal e ampliaba el
censo de electores y acababa con la intervención del gobierno en la
designación de alcaldes. Se impulsó, también, una nueva ley de
desamortización impulsada por Pascual Madoz, que ponía a la venta el doble de
bienes que la anterior: se nacionalizaron las propiedades eclesiásticas y se
vendieron bienes de uso y propiedad común. Su última reforma se centró en una
nueva ley de ferrocarriles para desarrollar una red de vías férreas adecuada.
Llegados aquí, ampliad con las páginas del libro que hablan
sobre los gobiernos unionistas y moderados.
Entre 1856-1858 se produjo una vuelta al poder de los moderados.
O’Donnell abolió la milicia nacional y volvió a proclamar la Constitución de
1845; sus años de gobierno junto con la Unión Liberal tuvieron como finalidad
garantizar las libertades y el orden público. Supusieron una etapa de mayor
estabilidad política y de un cierto crecimiento económico.
3.- El nuevo papel de la Educación, el Ejército y la
Iglesia.
El Estado Liberal asentó un nuevo sistema de poder, es decir,
un conjunto de instituciones capaces de imponer a la sociedad las decisiones
adoptadas por quienes gobiernan. Quisieron salvaguardar el orden social y la
propiedad, ganar la confianza de los ciudadanos a través de su formación y
legitimar el nuevo régimen.
El principio del orden público y la seguridad ciudadana se
apoya en la creación de un nuevo cuerpo armado: la Guardia Civil (1844). Sus
objetivos eran mantener el orden y proteger a las personas y sus propiedades.
Uno de los problemas más complejos que tuvo que resolver el
Estado Liberal fue la definición de las relaciones entre el Estado y la
Iglesia. Pero, su actitud cambió cuando los moderados otorgaron un papel
destacado a la Iglesia en el control de la enseñanza. Se firmó así, con mayor
facilidad, el Concordato con la Santa Sede en 1851: se conseguía que el
Estado sufragara los gastos del clero y del culto, al tiempo que la Iglesia
legitimaba el nuevo Estado Español.
El Plan Pidal y el Plan Moyano sirvieron para proporcionar un
marco institucional al nuevo sistema educativo, entendido como servicio
público y obligatorio hasta los nueve años; pero, la enseñanza secundaria y
la superior, quedaban limitadas a las clases con recursos económicos, así
como las mujeres quedaban limitadas en dichos estudios (modelos educativos
diferentes).
El ejército constituyó uno de los pilares del régimen liberal,
puesto que la situación de guerra contra los carlistas le confirió un notable
peso político. El servicio militar fue también un medio para formar a los
ciudadanos (disciplina, respeto…).
Los soldados eran movilizados por el sistema de quintas:
grupos de chicos en cinco listas, la lista elegida sería tropa para ese año.
Sin embargo, muchos se libraban pagando una cantidad al Estado.
4. Los límites del cambio. El carlismo y las
opciones democráticas.
Ampliar con las páginas 106 y 107.
Poco después del fallecimiento de Fernando VII, estalló la
Primera Guerra Carlista, siendo la primera guerra civil acaecida en
España. Comenzó como un enfrentamiento dinástico entre isabelinos y
carlistas, pero pronto se convirtió en una confrontación más profunda.
En la primera guerra carlista afloró una vez más la división
entre liberales y absolutistas, siguiendo vigente todo el siglo. Los
carlistas, también llamados en su época, tradicionalistas, realistas o
apostólicos, contaron con el apoyo del clero y de la vieja aristocracia y,
además, por el campesinado y los artesanos.
La primera Guerra Carlista tuvo especial incidencia en el País
Vasco, Cataluña y Valencia, por dos motivos: estaban interesados en la
defensa de sus Fueros y porque las reformas liberales habían afectado
negativamente a los intereses de las explotaciones familiares.
5. La crisis del moderantismo y la experiencia del
Sexenio Democrático.
Tema 6 entero. Organizar según los apuntes de clase,
especialmente la Crisis del Moderantismo.
La muerte de O’Donnell y Narváez hizo más evidente el
agotamiento del modelo político moderado y facilitó la aparición de una nueva
generación de políticos. En Ostende,
progresistas y demócratas prepararon una coalición contra la monarquía
moderada de Isabel II.
Tanto Isabel como la Corte estaban muy desprestigiadas. Pero,
fue sobre todo la crisis financiera y de subsistencias la que acabó de crear
el clima que llevó al final de la monarquía.
En Septiembre de 1868 se produjo un nuevo
pronunciamiento, encabezado por Serrano, Prim y Dulce y Topete, que se
extendió rápidamente. La reina se exilió a Francia. Esta revolución fue
conocida como La Gloriosa, que fue un nuevo intento de la burguesía y de
buena parte del pueblo por instaurar un sistema democrático.
El gobierno provisional de Serrano (que será
nombrado regente) lo formaban unionistas y progresistas. Esta revolución
reconoció los principios fundamentales de la democracia: libertad de culto y
de enseñanza, sufragio universal masculino, abolición de la pena de muerte y
la esclavitud, libertad de asociación. Todo esto quedó recogido en la Constitución de 1869, que
suponía una monarquía constitucional y un sistema bicameral con división de
poderes.
El problema de quién debía ocupar el trono retrasó el período
de provisionalidad. El candidato idóneo fue Amadeo de Saboya, hijo del rey Víctor Manuel II de
Italia. Las Cortes le nombraron rey y juró la Constitución.
Prim fue asesinado, la división entre las fuerzas políticas
hizo imposible mantener la estabilidad… En este contexto, republicanos,
carlistas y borbónicos, ganaron adeptos. Así, en 1873, Amadeo I tuvo que
abdicar, proclamándose en las Cortes la I República en España.
La Primera República intentó
consolidar el sistema democrático iniciado en 1868; pero, las divisiones
internas entre republicanos unitarios y federalistas, la guerra carlista, la
de Cuba o el cantonalismo, provocaron su inestabilidad.
En unas elecciones de 1873, los federalistas con Pi y Margall
a la cabeza, elaboraron una nueva Constitución que recogía la estructura
federal del Estado, tras su victoria en las mismas. Pero, los intentos de
establecer el federalismo fracasaron y el cantonalismo se extendió: Alcoy y Cartagena
fueron los primeros cantones.
Las clases sociales más desfavorecidas aprovecharon el
federalismo radical para conseguir reivindicaciones sociales a través de la
vía revolucionaria.
El protagonismo de los militares encauzó el final del régimen
hacia la restauración de la monarquía. Fue Manuel Pavía quien puso fin a la República con un
golpe de Estado, que pondría a la cabeza del gobierno al general Serrano;
pero, Martínez Campos
se sublevó en Sagunto y Alfonso
XII fue proclamado rey, puesto que Isabel II abdicó a favor
de su hijo.
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